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NINGUNEANDO

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NO SE PUEDE DIALOGAR CON AQUELLOS QUE TODO LO TIENEN DECIDIDO, ACTÚAN EN CONTRA DE LA LEY, Y NO RESPETAN EL MÁS ELEMENTAL PRINCIPIO.

Carece de sentido el incomprensible apoyo prestado por el Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco y al nacionalismo catalán pare revocar a reciente reforma de la ley del TC que permite al máximo intérprete de la Constitución ejecutar sus propias resoluciones, como la suspensión de un cargo público que desobedezca sus decisiones.

De nuevo los socialistas se topan con todos sus complejos ante los nacionalistas en la cuestión territorial, un mal que arrastran desde hace tiempo, y en el peor momento posible optar por eliminar un instrumento que permite mejorar sustancialmente la obediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, reiteradamente incumplidas por la facción soberanista catalana como no dejamos de comprobar desde hace un año. Por desobedecer al TC están procesados un puñado de dirigentes independentistas, lo que demuestra la pertinencia de aquella reforma.

El PSOE convaleciente de una seria fractura interna, descabezado y envuelto en un conflicto de poder orgánico, balance que deja su exdirigente Pedro Sánchez que antepuso su proyecto personal a la consolidación del partido, al instalarse en un delirio solitario, consiguiendo, incluso, que los líderes históricos del partido: González, Zapatero, Rubalcaba, hayan revelado con detalle como perdieron su confianza y dejaron de hablarle; con su pretensión de presidir un Gobierno multipartito que no solo le hizo perder votos, también su propio cargo. Y todavía, en una buena parte de sus dirigentes y afiliados sigue prendida la llama de la radicalidad y la convergencia con el extremismo.

En el PSOE sigue pesando su guerra interna y su interinato, pero no reaccionan, se dan por satisfechos recogiendo las migajas que deja Podemos. De ahí sus decisiones estrafalarias que le alejan sistemáticamente de su sentido de Estado. La brecha generacional que ha marcado la divisoria entre nuevos y viejos partidos ha fraccionado al electorado en cuatro fuerzas en liza que elimina las mayorías y, al menos durante algunos años, estaremos avocados a los pactos. El PSOE no solo ha perdido su ambición de liderazgo, la responsabilidad de entender que representa un modelo de nación y de sociedad, también la de procurar e bien común de acuerdo con su talante moderador liberar conservador, que ahora, por razones distintas, se ha conformado con ser una facción en esa mayorías que representa la izquierda en el espacio mediático.

Flaco favor le hace el socialismo a la fortaleza del Estado de Derecho apoyando a los nacionalistas en su intento de desactivar la mejora establecida en la Ley del Tribunal Constitucional, en 2015, para que este órgano pueda vigilar de manera efectiva el cumplimiento de sus sentencias. Así parece después de que el PSOE se muestre favorable a apoyar una proposición de ley planteada por el PNV destinada a derogar la reciente de 2015, reforma que permite a TC suspender a cargos públicos que le desobedezcan y que, además, faculta al Gobierno a presentar recurso previo de inconstitucionalidad en las reformas del estatuto de autonomía.

La Gestora liderada por Javier Fernández, que hasta ahora se había movido por los terrenos de la sensatez en líneas generales, comete su primer grave error de la legislatura si finalmente el Grupo Socialista ayuda a nacionalistas, populistas y proetarras a desproveer al máximo garante del cumplimiento del mandato constitucional de la posibilidad de que sus sentencias terminen siendo papel mojado. Hasta ahora el trabajo de la Gestora había sido constructivo tanto para el PSOE como para España. Su aportación para la aprobación del techo de gasto ha sido un ejercicio de responsabilidad. Empeñarlo ahora con una cuestión tan relevante como dotar de un instrumento jurídico para reafirmar su desafío al Estado y justificar a desobediencia es un error que no debería cometer.

La actitud del PSOE no se entiende porque más allá de que pretenda justificar su labor de oposición para paliar su caótica situación interna, son plenamente conscientes de que así dan oxígeno a la causa separatista. La querencia populista de Sánchez ha extendido entre la afiliación un repudia hacia la vieja guardia que lleva el sello podemita. Pero en estos momentos el PSOE no puede prescindir de sus dirigentes históricos, sobre todo porque el liderazgo de Sánchez ha descapitalizado de talento y de experiencia su nomenclatura de primera fila. Por eso están ocupando cierta relevancia dirigentes con responsabilidad institucional: Vara, Page, Lambán o la propia Díaz que da la sensación de hallarse bajo la tutela felipista; algunos de la generación intermedia, tipo Madina. Hasta Zapatero, dudoso refuerzo, ha sido llamado a cerrar filas. Aun así resulta infructuoso el esfuerzo. Es indigno que un partido que dice ser de Estado de herramientas al separatismo para romper España.

Hay que reconocer que el TC ha hecho méritos con su ambigüedad y falta de firmeza para la desobediencia, dando alas a los separatistas para crecerse en el desafío, a lo que también colaboró la pusilánime postura del Gobierno mirando para otro lado, y no digamos Rajoy tan peligroso en lo prudente como en lo osado. Pero de una forma o de otra la lealtad institucional había imperado hasta que tras la consulta soberanista del 9-N la Generalitat catalana –o sus irresponsables-, rompieron la baraja y decidieron no acatar la suspensión decretada por el TC que, inexplicablemente, se encontró sin capacidad directa para hacer cumplir su decisión. Cuesta entender este círculo vicioso en el que el legislativo dependa del judicial, porque entones para qué sirven los parlamentos.

Preso de sus propios errores, la preocupación en el PP es manifiesta, desde la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, pasando por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, o el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se envió a los socialistas el mensaje de que las políticas sectoriales populares pueden tocarse, pero no ninguna disposición del Gobierno que tenga que ver con Cataluña. La presión hace que los socialistas bajen el tono pero será difícil que viren su posición una vez que la iniciativa ha echado a andar. Ante una mayoría parlamentaria tan amplia en contra, los populares son conscientes de que, les guste o no, no tienen más remedio que participar en la tramitación del nuevo texto y negociar para intentar que se desvía del anterior lo menos posible. Cuenta con el apoyo de Ciudadanos, pero resulta insuficiente, la matemática parlamentaria sigue sin cuadrar.

Fuera de la estrategia de dilatar a máximo la tramitación parlamentaria en el Congreso, los populares no tienen otras armas para plantar cara a esta derogación. Su mayor esperanza ahora es que el Grupo Socialista recapacite y posponga su apoyo a una reforma que, advierten, deja al TC sin poder para hacer cumplir sus sentencias en el momento de mayor crisis territorial. Si no es así, la única solución posible para parar tanto desatino será convocar nuevas elecciones, como mucho en mayo, y que sean los electores los que, esta vez hartos de tanto desconcierto, pongan las cosas en su sitio. Le vendría muy bien a Podemos, en estos momentos en que electoralmente el PSOE está prácticamente desaparecido. La Gestora del PSOE, acosada por todos los flancos, pide sosiego y paciencia a unas bases agitadas por las caravanas de Pedro Sánchez, y su presidente, Javier Fernández, casi maniatado pide tiempo: No me tenéis que pedir que lo haga de prisa, sino bien. Pero el retorno a la tradición de partido de Estado requiere algo más que tiempo, precisa credibilidad y un revulsivo moral que saque a la militancia y electores de su desconfianza depresiva. La evidencia se impone, la histórica formación ha tocado fondo y con pocas posibilidades de remontar. Su única referencia consiste en el odio a la derecha, un sentimiento que siempre rentabilizara la apuesta revanchista de Podemos.

Por otra parte, a Pablo Iglesias no le viene bien el parón electoral en España, porque le obliga la normalidad democrática que repudia y no sabe gestionar. No es que sea bisoño, que también, es que su ideología no tiene encaje en una democracia parlamentaria, porque está deslegitimándola constantemente con apelaciones a la calle, en su empeño de un referéndum para Cataluña que, lejos de una solución, en nada resolvería el problema territorial porque en caso de perder la consulta reclamarían otra hasta lograr un resultado que conlleve la ruptura con España y la proclamación de la república (Escocia es un ejemplo).

Ante tanto desmadre que les tiene a todos un poco confundidos, resultaría hasta razonable que se dé un buen repaso a la financiación autonómica en Cataluña, que mejoren la carencia de infraestructuras y servicios, que Montoro dedique tiempo a rebañar dinero de extremeños, andaluces o gallegos para dárselos a la Generalitat, incluso retocar la Constitución y proclamar que Cataluña es una nación y seguir desguazando al Estado hasta dejarlo en su más ridícula expresión; pero aunque se haga todo eso, los partidos separatistas seguirán sin darse por satisfechos, acusarás al invasor Estado de cerrazón y seguirán en su empeño de independencia. No se puede dialogar con aquellos que todo lo tienen decidido, que actúan en contra de la ley y no respetan el más elemental principio.

27 octubre 2016 Las fotografías pertenecen a sus autores

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