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LAS REGLAS DEL JUEGO

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SOLO EL CÓDIGO PENAL PUEDE FRENAR EL INDEPENDENTISMO CATALAN 

Los reiterados procesos hacia la desconexión de Cataluña: una inaceptable vía de hecho al margen de la constitución, no hace más que poner de manifiesto la debilidad del Estado, la pasividad de la Justicia y la tibieza del tribunal Constitucional. El incumplimiento constante, el desafío permanente sin que la contundente respuesta del Estado pronuncie las consecuencias, ha convertido al órdago  independentista en un zumbido de fondo, en un murmullo cotidiano en la escala de potencia de los amplificadores mediáticos, mientras la mirada colectiva se clava en el apasionado combate agónico de los conflictos entre los partidos políticos y la de las anquilosadas instituciones del Estado.

El grado de  fortaleza del independentismo es directamente proporcional al grado de debilidad del constitucionalismo, deteriorado en su unidad como consecuencia del cisma socialista. 

El anuncio del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont,  de convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre de 2017, con o  sin aval del Estado,  justo cuando la crisis del PSOE alcanza su máxima expresión con la dimisión de la mayoría de los miembros de su ejecutiva, avala la estrategia de repartir culpas iguales entre los socialistas catalanes y el gobierno de España al servicio de la cúpula del soberanismo. 

 Carles Puigdemont ha puesto fecha al choque entre la Generalitat y el Estado,  en una alianza estratégica de Junts pel y la Cup, para llevar a Cataluña hacia la ruptura que, a la vez, es incapaz de pactar unos presupuestos. Además aceptan incluir  la creación de una comisión de seguimiento antes del 31de diciembre para el impulso, control y ejecución del referéndum. En paralelo, se pacta que antes de acabar el año se haya redactado la ley de Transitoriedad Jurídica, clave en el proceso de desconexión y que regulará conceptos como el de nacionalidad o el del poder judicial en el tránsito de la legalidad española a la catalana.  Convirtió el debate sobre la cuestión de confianza en una rectificación de la hoja de ruta con la que llegó al poder. La CUP, que provocó con su no a los presupuestos de 2016 la convocatoria de la sesión, es también causante del cambio de rumbo: los antisistema han convencido a Puigdemont de que es mejor celebrar un referéndum, aunque sea sin el acuerdo con el Estado, que las elecciones constituyentes que estaban previstas en el plan inicial. En la propuesta no aluden a la condición de referéndum pactado, lo que se ve como una concesión de unilateralidad y un acercamiento al secesionismo. Según el presidente Puigdemont, los catalanes ya viven de hecho en una república independiente. Se ha soñado mucho en Cataluña últimamente y se ha ocultado más, que es otra forma de mentir. España precisa firmeza para que el independentismo no siga aprovechando el desgaste paulatino de las urnas, y acciones concretas que demuestren que burlarse de la Constitución tiene un precio que hay que pagar.  

 En una provocación constante para garantizar que el Govern está preparado para cerrar la legislatura en 18 meses desde su toma de posesión, Puigdemont desgranó algunas de las actuaciones que tiene previstas para desconectar del Estado con plenas garantías.  Para junio de 2017 estarán listas todas las reformas para que el nuevo Estado pueda ejercer las funciones que deberá asumir. Pero también dejó claro  que no tiene mucha confianza en lo que ocurra. 

Con el nuevo órdago del referéndum ilegal –concretado un 6 de octubre, el mismo día en que 83 años atrás el president Companys, de ERC, proclamó la república catalana- Puigdemont se pone en la diana de la inhabilitación.  De ahí que busque cooperadores necesarios, como Junqueras. El Parlamento catalán no escatima en provocaciones,  asumió el compromiso de defender a todos los cargos electos que estén amenazados o perseguidos judicialmente por la organización de la consulta del 9N, en la seguridad de que les sale gratis. 

El cinismo de sus responsables llega a límites de desvergüenza. El nacionalismo catalán se encuentra estancado en la inutilidad de su proyecto separatista y solo cambia el escenario para dramatizar mejor su victimismo y sus quejas al Estado. Lo que calla es que la supervivencia económica de Cataluña depende de las aportaciones del Estado, porque la Administración catalana no encuentra otras vías de financiación para pagar sus quebrados servicios públicos, embajadas, organismos, y campañas de propaganda independentista. Estas malversaciones de caudales públicos se perpetran con plena conciencia de ilegalidad por parte de sus autores. El Estado español está pagando sus facturas y avalando sus deudas para que no caigan en la bancarrota. Pero no aceptan  que el Estado sigue teniendo la obligación de velar por el orden institucional y de no permitir que las instituciones legitimadas por la Constitución sean utilizadas contra ella. Es hora de que los requerimientos del TC y las advertencias de la Fiscalía se traduzcan en exigencias de responsabilidades concretas contra aquellos dirigentes que están lanzando a Cataluña al cataclismo político y la marginación Europea. A diario se malgastan miles de euros en el incumplimiento y derogación de las resoluciones judiciales. El día que se levanten las alfombras, si antes no han conseguido provocar un tsunami aterrador que marque prioridades, los españoles vamos a saber de primera mano hasta donde ha llegado la irresponsabilidad de esta generación de políticos de atrezo.  

No basta con esperar a que el proceso se pudra, o hacer ruido con intenciones de procedimiento disfrazados de autoridad, esto es un motín  en toda regla, una rebelión contra las bases institucionales de la nación con fecha fija en el parlamento catalán que, ante la tibia respuesta, culminará en un auténtico golpe de Estado. 

Los españolitos de a pie, que compramos un periódico, nos sentamos ante el televisor a compartir el Telediario, o escuchamos  noticias en la radio, dejamos pasar con indiferencia las advertencias de la Fiscalía cuando los “golpistas” se pasan por el “forro” las sentencias del Tribunal Constitucional. Al menos en apariencia, estos días la consigna de firmeza se traduce en acciones penales que producen cierta esperanza. Por un lado el Constitucional dio el impulso necesario para que la fiscalía del Estado actúe penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, por desobediencia a sus resoluciones, toda vez que sigue empecinada en la celebración de debates ilegales sobre la desconexión de España, y la aprobación de normas inconstitucionales para declarar la recesión.  

Por otro lado, la Sala Penal del Supremo avanzó un paso más contra el exconsejero de la Generalitat  Francesc Homs al pedir su suplicatorio por haber permitido, con la expresa autorización de Artur Mas, la celebración de la consulta farsa del 9N a sabiendas de que era ilegal. Son dos resoluciones distintas de tribunales diferentes, pero que objetivamente a una única conclusión: la Generalitat y las instituciones catalanas están en una deriva delicuencial con tal de mantener a toda costa un chantaje al Estado.  

Ante tanta irresponsabilidad, cuando el desafío se convierte en costumbre, presumiendo incluso de impunidad y desafío, la vía penal es la más idónea respuesta posible del Estado de Derecho si las ínfulas del independentismo se transforman en conducta sediciosas. Homs, Forcadell, Mas... y Puigdemont que prometió moderación,  todos ellos han presumido ante los micrófonos de sus conductas indiciariamente delictivas, y lo razonable es que se le las expliquen a un juez, ante el que envalentonarse les costará mucho más. 

No hay más salida que la inhabilitación penal para quien se niega a obedecer las normas del Estado de Derecho y la voluntad de la mayoría, o para quien concibe la acción política como una lucha irracional contra el sentido común. Cada minuto que pasen en un escaño sin ser inhabilitados será un minuto de calidad democrática perdida.  

11 de octubre 2016                                  

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