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EL "PROCÉS" A LA DERIVA

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EL “PROCÉS” A LA DERIVA

PUNTO FINAL A "LA GRAN CARNAVALADA"?

La detención de Puigdemont en un pueblo del norte de Alemania, cuando pretendía cruzar la frontera en coche desde Dinamarca a Bélgica, complica su horizonte. El país germano tipifica la rebelión de manera muy similar a España: persigue a quién “elimine su unidad nacional o separe una región que le  pertenezca”.

La policía alemana le detuvo poco antes del mediodía de ayer en aplicación de la  euroorden dictada por el supremo nada más cruzar desde Dinamarca y pasó la noche en la prisión de Neumünster víctima de su propia chulería. De muy honorable presidente en el exilio pasó a muy sórdido delincuente encarcelado. A disposición del juez, cuenta con un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales, para decidir si lo extradita a España. La cosa podría resultar divertida si el resultado no fuera, como lo es, la ruina para Cataluña: la mayor descapitalización, los impuestos más altos, una sociedad rota por la mitad, y el desprestigio de España en el extranjero.

Era previsible, estaba tardando demasiado. El ejército de Pancho villa, en pleno sálvese quien pueda, atónitos al comprobar los estragos que el Estado ha causado a su patrimonio y a su libertad, cruzan la frontera como prófugos, renuncian a sus escaños traicionando al credo de sus penitencias, o se acogen a coartadas políticas y sentimentales ante la evidencia del imperativo que dio impulso a la investigación penal al dictado de resoluciones que lo ponen en puertas del juicio oral.

La lista de fugados sigue incrementándose a sabiendas de que van a tener muy poco recorrido, Marta Rovira ha sido la última, dice que en busca de la maternidad que ella puso en peligro cuando subordinó su hija a la causa,  exactamente como los otros cómplices encarcelados, en parte gracias a ella, esos héroes de la independencia que comparecen ante el juez despojados de todos los principios revolucionarios con los que aspiraban a liderar el golpe de Estado y se les cae el lazo amarillo de la solapa camino de la sala del Supremo.

Según el juez LLarena, pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias, los órganos de la Generalitat continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear la denominada estructura del Estado así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional. La república que tanto proclaman carece de raigambre histórica y de reconocimiento internacional. Ni uno de los  193 países miembros de la ONU ha mostrado su respaldo.

La respuesta a esta intentona golpista no se reduce a la aplicación del 155, que se tenía que haber puesto en marcha hace años, el coste de lo que está ocurriendo hubiera sido mucho menor. Los soberanistas apostaron fuerte con el envite del famoso “procés”, han jugado en los márgenes del Derecho, retando al Supremo en los límites de la desobediencia y, por tanto, la posibilidad de perder la apuesta conlleva riesgos como los que estamos viendo; en apenas doce horas, el magistrado dictó el procesamiento de veinticinco presuntos responsables de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, envió a prisión a Jordi Turull que no pudo asistir a su segunda sesión de investidura y procedió a la prisión sin fianza de otros dirigentes separatistas por el riesgo de fuga que presentaban, emitiendo nuevas órdenes de detención internacional contra seis de los fugados, incluida Marta Rovira, ordenes que muestran su eficacia con la detención de Puigdemont. Tras notificarles el auto de procesamiento –en  el que se les atribuye el delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de prisión- se valoró la situación personal y los motivos por los que se aprecia la posibilidad de fuga, precisamente la prueba definitiva del riesgo que presentan todos los dirigentes separatistas, porque acredita la existencia de una potente infraestructura de medios con la que pueden sostener en el extranjero a cuantos investigados decidan huir y evitar la acción de la justicia.

Contra los protagonistas del proceso más grotesco que haya vivido nuestra democracia, el auto de procesamiento dictado por Llarena es un auténtico “libro negro”, una minuciosa descripción sistematizada de como el separatismo ha planificado desde 2013 una campaña para romper con la unidad de España. Un plan que puso la organización constitucional de Cataluña al servicio de un delito masivo contra la Constitución a través de una sucesión de actos de rebelión que contemplaban el uso de la violencia como dinamizador de sus diversas fases. Todo es un concierto criminal financiado con dinero público, ejecutado por y desde las instituciones representativas de los catalanes y atizado violentamente en las calles por grupos subvencionados como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. La prisión provisional es la consecuencia legal inevitable de que este proceso ilegal de Cataluña sigue en marcha. Ahora, los países en los que se esconden los fugados deberán demostrar si son Estados democráticos y de Derecho o santuarios de delincuentes que enmascaran sus delitos contra una nación soberana, como la española, con falsas proclamas de democracia y libertad, y es de suponer que en el caso de Puigdemont Alemania marcará la pauta, el artículo 81 de su Código Penal tipifica el delito de alta traición y castiga con penas entre diez años de prisión y cadena perpetua.

El independentismo se ha  dado cuenta de lo peligroso que resulta desafiar los poderes del Estado con majaderías, no para ganarle sino para obligarle a negociar. Mientras el independentismo prefiera el victimismo, Cataluña seguirá siendo una molestia, sobre todo para ellos. Lo que querían, ser víctimas sin ser mártires, personas de leyenda épica en un escenario de pantomima;  poniendo pies en polvorosa a las primeras de cambio: muñecos rotos. Una conspiración falsaria a la que ha puesto en su sitio la acción de la justicia.  El procesamiento de 25 de los 28 investigados y la entrada en prisión de otros cuatro exconsejeros de Puigdemont y de la presidenta de la Cámara Carmen Forcadell –con ellos ya son nueve los líderes independentistas que están en la cárcel- entre ellos Jordi Turull que no ha podido asistir a la segunda investidura como candidato a la Generalitat, y a quien la Fiscalía investiga por un posible alzamiento de bienes para intentar evitar la acción de la justicia, una donación a su mujer que podría suponer un intento de evitar posibles pagos futuros por posibles condenas.

Puigdemont y sus compañeros de rebelión han ido a topar contra el muro de tener que rendir cuentas por sus delitos, no solo creían que este momento jamás llegaría sino que siguen pensando que no hay más democracia que la que ellos representan.

elblogdepacobanegas   26 de marzo 2018

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