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ESTA ES MI LEY, SI NO LES GUSTA TENGO OTRAS

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 ESTA ES MI LEY, SI NO LES GUSTA TENGO OTRAS

El profundo radicalismo que encierra la desafortunada frase pronunciada por la ministra Isabel Celaá: <Los hijos no pertenecen a los padres> pone de manifiesto su desviada interpretación de lo que es un mandato democrático. Y no debe ser pasada por alto. Quienes así piensan, suelen alcanzar el poder a base de prometer un paraiso terrenal  que llegará tan pronto como ellos ocupen el Gobierno de la Nación que, como en este caso, el edén no solo no llega, sino que parece alejarse cada día más. La sociedad española tiene varios retos pendientes, uno de ellos no es otro que la Reforma Educativa, una profunda reforma, consensuada, que garantice la pujanza de nuestra sociedad en los años venideros, sin sembrar una ideología que nos perpetúe en el uso del poder.

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Todo ello debe hacerse respetando un marco de libertad que garantice a los padres el derecho al tipo de educación: religiosa y moral, que quieren para sus hijos. Pero todo esto ya está recogido en la Constitución Española de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU:  en su artículo 26.3: <los padres tendrán el derecho preferente sobre el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos>. Por su parte y en absoluta concordancia con este precepto, nuestra Constitución, en su artículo 27.3, ordena a los poderes púbicos que garanticen el <derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones>. No existe un derecho de propiedad de los padres sobre sus hijos, pero sí un deber de educar y un derecho a hacerlo de determinada manera. Por tanto es un asunto perfectamente reglamentado que no necesita nada más que el momento y la oportunidad de ponerse a trabajar y dejarse de demagogias oportunistas y denominaciones publicitarias tendenciosas. Y sobre esa base legal descansa el sistema de control puesto en marcha por la comunidad autónoma de Murcia, que permite a los progenitores autorizar o no la asistencia de sus hijos a determinadas actividades extracurriculares destinadas a impartir enseñanzas insertas en ese territorio  resbaladizo de lo religioso, lo moral, y el sexo.

El alboroto sobredimensionado del celebérrimo <pin parental> que se ha sacado de la manga la <coalición progresista> y su bien alimentado tertulianismo, no es más que una polémica organizada desde el aparato gubernamental, que huele a rutina, y que por reiterado no se entiende que la derecha ande con el pie cambiado, enzarzados en su ingenuidad y haciendo el papelón a Sánchez que les da sopas con honda en picardía. Un pasito adelante y otro atrás, como el celebre cómico, pero sin dejar de ser una imitación ¡¡TE DAS CUEN ¡¡ Una maniobra de distracción zafia pero eficaz con la que el laboratorio de la Moncloa ha encontrado un filón. 

En vez de estar hablando de Junqueras (y su banda), el preso que sostiene al Gobierno, estamos hablando del <pin>: acaba de pregonar que jamás renunciará a repetir su sedición de 2017 para lograr la independencia. Y si dicen que lo van a volver a intentar, podemos tener la seguridad de que en cuanto le encuentren al Estado una grieta -las hay infinitas- echarán otra vez el carro por las piedras sin el menor remordimiento. En este caso más. Ser socio imprescindible del poder lleva implícito algún privilegio, ya se encargó Rufian de recordarselo: que se olvide de la legislatura si no cumple  lo pactado.  Habría que preguntarse si cabe en la Constitución lo que, bajo cuerda, ha prometido Sánchez a cambio de la investidura y el indulto enmascarado a los golpistas por la vía de los hechos consumados con la reforma del Código Penal. Una descarnada demostración de caudillaje  sin barreras con un Sánchez encantado que puede proclamar resuelto el conflicto catalán aunque esto suponga dejar España que no la conozca ni la madre que la parió. El Gobierno de Sánches e Igiesias incurre así en una severa irresponsabilidad porque abre la puerta a una burla al Estado de Derecho, de tal modo que la revisión de esos delitos se convierte en una mascarada. 

En lugar de hablar del <pin> podríamos hablar de la maniobra antidemocrática de colocar a una pésima ministra sacialista responsable de la Fiscalia para que mangonee al servicio de las componendas de Sánchez con los separatistas. El nombramiento de la ministra de justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado -una diputada en el ejercicio de sus funciones que votó a Sánchez una semana antes- con el objetivo de frenar a los jueces y tener contento a Junqueras, es el principio de un camino que acabará en un referéndum de independencia que rompa el candado del 78.  Y no se les cae la cara de vergüenza. 

En vez de hablar de la cacería del Gobierno social comunista hacia los jueces o del sistemático adoctrinamiento del Gobierno en las aulas de algunas comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, estamos hablando del PIN – PAN- PUN.   La exhibición de Sánchez en esta primeras semanas, sus movimientos tajantes, decididos y rápidos, revelan la voluntad de someter la arquitectura institucional a una guerra relámpago. Todas sus medidas representan un expeditivo alarde de mando, de personalismo acendrado con la que envía el mensaje de que está dispuesto a ejercer el cargo con una descarnada demostración de caudillaje sin barretas. Hace solo 18 días que Sánchez prometó su cargo y ya asoma la primera grieta en el flanco del sosten trampa de ERC. El presidente domina con desparpajo el arte del engaño, así que mostró a los  españoles un acuerdo con el partido de Junqueras inconcreto y repleto de palabrería buenista. La respuesta ya está aquí, Junqueras recuerda en tono faltón que va a por la independencia y que si puede dará otro golpe. Por lo pronto anuncian que llevarán a la mesa de negociación la independencia, algo que Sánchez no puede conceder, sopena de prevaricar, como él mismo ha recnocido. La cosa está que arde, pero Sánchez sigue en sus trece: muerto antes que vencido.   

Elblogdepacobanegas    26/1/2020

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