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CATALUÑA EN CONSTANTE DESAFÍO

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La Diada, una manifestación de fuerza: referéndum y elecciones “constituyentes”. 

Con una mirada puesta en lo que suceda en el Congreso de los Diputados, la política catalana afronta su septiembre más decisivo. El Gobierno de la Generalitat ha celebrado su primera reunión tras las vacaciones encarando una semana con dos fechas  en rojo: una Diada cebrada el  11 de septiembre, con mayor aparato político pero con menor asistencia que las anteriores. 

 El soberanismo admite que afronta el reto con cierto cansancio, reflejo del grado de división social interna y la obcecación nacionalista de mantener el conflicto con el Estado. Esta vez, además, ha sido también el escenario de unos movimientos políticos que esperan el momento oportuno para cambiar definitivamente los ejes de la política catalana.

Y la trascendental cuestión de confianza a la que Carles Puigdemont se someterá el día 28 próximo. Saldrá adelante con el apoyo de la CUP y será una puesta en escena artificiosa de este nuevo calendario de provocaciones al Estado. Se presentan jornadas decisivas para un movimiento independentista que lo fía todo a que la CUP y Junts pel Si rearmen un frente ahora descompuesto. 

Una vez que ERC y el Partit Demócrata (PDC, la antigua CDC –casi desaparecida, pues no tiene grupo parlamentario) asumieron como propia la estrategia de la unilateralidad que le exigía la CUP, toda la presión se dirige ahora hacia los antisistema a quienes se reclama que vinculen el apoyo a la moción de confianza con la inmediata aprobación de los presupuestos. En cualquier caso, la pretensión es que las conversaciones sobre el referéndum unilateral deben situarse después de los Presupuestos y no antes. Puigdemont, mediocre líder improvisado,  ha dejado caer que le hará al Estado una nueva propuesta de referéndum pactado y si no lo consigue  convocará nuevas elecciones constituyentes (no se sabe de qué, aquí todo es esperpéntico) en 2017, para sostener un poder en precario sometido al dictado de un grupúsculo antisistema. La república catalana avanza hacia el imaginario horizonte del País de Nunca jamás.  

Entre los contextos en que se leen  los últimos movimientos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ahora más colaboradora con el soberanismo  con la confluencia política de los partidos de Barcelona en Comú, IICV, Podemos...para intentar el asalto a la Generalitat. La decantación de En Comú, el partido de Ada Colau, por esa acción de izquierdas y nacionalista puede acabar poniendo Cataluña definitivamente en manos de extremismo, con unas consecuencias imprevisibles. La cabra tira al monte. Qué se puede esperar de esta alcaldesa de mentalidad enrevesada que siempre ha estado en la agitación y el alboroto.

Entre los independentistas se tiene claro que si Puigdemont no supera la cuestión de confianza las elecciones autonómicas que deberían convocarse a continuación pueden ser el rejón de muerte para el proceso soberanista. La CUP mantiene secuestrado a puigdemónt, su apoyo es imprescindible, una amalgama de intereses que provocan un enredo tras otro. ERC coteja a Colau, a la que ven más próxima al soberanismo pensando  en el asalto a la Generalitat. El intento de aproximación de ERC a la órbita Colau, oteando un nuevo escenario, todo está abierto si finalmente Cataluña se ve abocada a nuevas elecciones. 

Es evidente que Carles Puigdemont está aprovechando la caótica parálisis política que impide a España la formación de un Gobierno para endurecer su chantaje al Estado. Y desde esta perspectiva, la mera anulación de decisiones de la Generalidat o del Parlament no son suficientes. No tienen el efecto disuasorio para paliar el desafío. Muy al contrario, a cada sentencia del Tribunal Constitucional  derogatoria de resoluciones rupturistas sigue una réplica envalentonada de rebeldía e insumisión. La vía penal debe dejar de ser una simple advertencia de la Fiscalía o un compromiso retórico desde la presidencia del Tribunal supremo. Ya está bien de contemplaciones que no han hecho más que enredar la madeja. La pusilánime actitud del Gobierno y la pasividad de las Instituciones nos han llevado a donde estamos, esperemos que no sea irreversible. Hoy parece obligado actuar penalmente contra todos aquellos miembros de su mesa que permiten a los diputados votar iniciativas para mofarse del Gobierno en un constante desafío. Las palabras de Puigdemont son un ejemplo: “el Estado español  se ha desconectado de Cataluña”, pero se olvida decir que esta pagando sus facturas y avalando sus deudas para que no caiga en la bancarrota. El mundo al revés. Se ha soñado mucho en Cataluña y se ha ocultada más  que es otra forma de mentir. La propaganda oficial ha creado la superestructura de un artificio de embeleco. Millones de catalanes viven atrapados en esa burbuja de ficción que colapsa el autogobierno y estrangula el desarrollo social y económico. 

Ya no es tiempo de soportar más desplantes, actos de chulería política y desprecio a la ley. Sería demoledor que triunfara siquiera la mera pretensión de que el estado no recurre con contundencia a todos sus instrumentos jurídicos y legales, o la sensación de que el independentismo catalán va ganando la batalla al resto de España. Conviene no alertar una sensación de atonía frente a una agresión a la constitución como la que pretendía imponer el separatismo catalán. Y menos ahora que Puigdemont ha pactado con la CUP un referéndum independentista para no dejar caer su Gobierno y provocar elecciones. 

El independentismo catalán vive en un estado de impunidad apenas maquillado por las tímidas acusaciones contra Artur Mas y otros altos cargos imputados por la convocatoria del referéndum del 9-N. A diario se malgastan en Cataluña miles de euros en promover el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Todo queda  en un juego de artificio pues responden con una actitud chulesca, provocativa y humillante, que irá a más ante la evidencia de que no tiene consecuencias.  Es preciso dar el paso necesario para que los principios constitucionales bajen a la tierra de la justicia penal. 

No puede darse la impresión de que el separatismo forma parte del paisaje y normalizarlo. Si como se dice, no hay legitimidad fuera de la Constitución y el chantaje nacionalista es un desprecio al ordenamiento, le está faltando tiempo para para la presentación de una querella contra quienes están desobedeciendo a tribunales legítimos, contra quienes prevarican, y contra quienes malversan el patrimonio de todos los españoles. 

Cataluña es una región que solo ha conocido la alternancia entre nacionalismo y socialismo. Incluso cuando le tocó el turno al PSC, los socialistas eligieron de socios a los separatistas republicanos de ERC, primero con Maragall, más tarde con Montilla en el conocido "Govern tripartit": un cúmulo de despropósitos. Por tanto, el Gobierno de Cataluña no conoce más responsables que estos y el balance se reduce a una palabra: quiebra. Es la comunidad con mayor presión de España y la que soporta mayor deuda (60.000 millones de euros), más lo aparezca cuando se levanten las alfombras, y no me pregunten quien va a pagar la factura. Un dato significativo y muy pertinente en estas fechas. 

Sin embargo, pese a la evidencia del desastre que conlleva el independentismo, los partidos constitucionalistas siguen sin articular una oposición común porque el Partido Socialista está empeñado en tener un pie en cada orilla y solo anima a los independentistas a culpar de la situación  a la Constitución de 1978.  

elblogdepacobanegas 13 de septiembre 2016 

 

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