AL LIMITE DE LO IMPOSIBLE
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- Categoría: Opinión
- Publicado: Jueves, 21 Septiembre 2017 17:35
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AL LIMITE DE LO IMPOSIBLE
CATALUÑA: TRUCO O TRATO
El truco consiste en que Rajoy llegue al día de la pretendida consulta tan agotado, tan disminuido, que el trato –la respuesta si la hay- resulte pan comido, una rendición encubierta para, transcurrido un tiempo, volver con más fuerza a las andadas. Y cuál es el argumento de fuerza de los independentistas: el “derecho a decidir” que ellos (Puigdemont, Junqueras, Forcadell y sus estrafalarios compañeros de viaje) niegan a los demás: los mismos que multan por rotular un establecimiento en castellano. Los que conceden autoridad plena al Parlamento catalán y se lo niegan al Tribunal Supremo y al Constitucional. Los que llaman libertad de expresión a insultar al Rey, quemar la bandera española, silbar al himno nacional, o saltarse a la torera los principio fundamentales de la Constitución de 1978 que ellos -y el resto de los españoles- aprobaron por mayoría en referéndum... ¿y qué han venido haciendo los gobiernos de turno, y el de Rajoy hasta ahora? Aguantar, dejar que se salten todas las normas. Complacer con su “proporcionalidad” y paciencia inusitada. Dejar que dos millones de españoles puedan destruir la patria de los 45 millones restantes. Hasta que ha llegado lo inevitable: el golpe de estado que les han servido en bandeja. Ahora se impone lo que parece ser una constante histórica: que la derecha arregle los estropicios de la izquierda (en este caso de todos y ella sola se murió) para después echarle y hasta la próxima.
El presidente está solo. La compañía de Rajoy en este desafío es la soledad ambigua de la unidad constitucionalista. El apoyo del líder de PSOE, Pedro Sánchez, es tan débil como confusa, responsabiliza a Rajoy y a la derecha de las tropelías del separatismo catalán y exige dialogo y concesiones desde el día después del 1-O: un partido que sigue dividido (de apellido Español) que ayer sin ir más lejos, acusaba al Gobierno de esconderse tras la toga. Una extrema izquierda podemita, que es también nacionalista y defiende el golpe; llama “presos políticos” a los sediciosos: la detención de altos cargos del Gobierno catalán que pretenden destruir España no es una operación represiva, es la respuesta del Estado Derecho. Y un Ciudadanos que no pone mucho entusiasmo cuando se habla de la posibilidad de aplicar el 155, creando problemas donde no los hay para sacar rendimiento electoral en cualquier circunstancia. Este es el duro contesto. Todos pretenden una respuesta con truco, pendientes del trato que se pretende ofrecer el día después: cuanto más se les da, más exigen; el error fue creer que se conformarían con una autonomía, cuando lo que quieren es soberanía. La situación ha llegado demasiado lejos, los secesionistas están dispuestos a incendiar la calle tras la multitud, si se les impide votar. Pero las consecuencias pueden ser imprevisibles si una insumisión masiva lleva su fobia a España con una “declaración de guerra” como se oyó ayer en la manifestación llamando traidores a los Mossos, saltando sobre furgonetas policiales hasta destruirla y, en definitiva, sembrando el caos.
Las decisiones las tiene que tomar el presidente Rajoy, que ha empeñado su honor y su palabra, y aunque no sería la primera vez que tropieza en la misma piedra, el desafío ha sido demasiado humillante. La operación orquestada los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento catalán, son razón suficiente para aplicar el 155 de la Constitución y, si fuera preciso, convocar elecciones generales. Las decisiones son inaplazables. Dada la situación que puede derivarse urge que el Gobierno asuma la responsabilidad de la defensa de las libertades y la neutralización de la alianza golpista. Porque supongo –no sé si es mucho suponer- que Rajoy haya previsto que Puigdemnt y Junqueras no van a aceptar deportivamente la derrota y, por supuesto, dimitir a la espera de ser procesados y presumiblemente enviados a prisión.
La huida a ninguna parte de esta pandilla de kamikazes, voceros jubilosos al servilismo de una lengua, acompañados de unos socios sin otro objetivo que el deseo loco de la novedad que nunca llega, que siempre se posterga, hasta ahora, lejos de aprovechar esa oportunidad que se les ofrece para una salida digna, lo más probable es que la perversión de estos personajes desquiciados les lleve a una decisión de hecho consumado, y en la noche del 1 al 2, el president de la Generalitad, acompañado de su Govern y de la presidenta del Parlament, proclame solemnemente la independencia de la República de Cataluña. Entonces será cuando la inercia metafórica de este objetivo inalcanzable nos muestre una realidad cuya respuesta haga lamentar a Rajoy no haber aplicado el 155, declarado el estado de excepción, o cualquier otra medida contundente que ponga freno a esta locura de consecuencias imprevisibles. Veremos entonces dónde está ese Gobierno de serenidad y de prudencia, del que presume Rajoy, y la proporcionalidad que dicen aplicar a los que han pasado todos los limites posibles.
Y así estamos a 10 días del referéndum. A pesar del cerco judicial, la presión policial, y cualquier intento de ley para impedir a toda costa la consulta, en algunos lugares se hará sin las más mínimas condiciones de legitimidad y se celebrará como un triunfo. Y la pregunta del millón: ¿se proclamará la república Independiente catalana? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno ante la provocación de los que están decididos a morir matando? ¿Y si la agitación callejera congrega a partidarios rebasando en cantidad suficiente los límites de lo controlable, cuál será la respuesta ante este enfrentamiento entre dos bandos de la población civil por un absurdo conflicto que se podía haber evitado aplicando lo que la Constitución tiene previsto para una comunidad que atenta gravemente contra el interés general de España: un autogobierno que se desmarca del ordenamiento institucional en una desobediencia implícita al Estado. Claro que es preferible no invocar estos excepcionales dispositivos. Pero siempre será mejor que acabar aplicando el estado de sitio (artículo 116) previsto para cuando un escenario desconocido provoca en la calle el alboroto independentista con choque frontal en intento de secesión y rebeldía. El Estado democrático no puede renunciar a su poder coercitivo y lo tiene que aplicar a tiempo y con seguridad. Aunque mejor hubiera sido prevenir ante los continuos desafueros de la comunidad autónoma de Cataluña. Lo más inquietante es la desgracia de tener la clase política menos capacitada de la democracia.
20 de setiembre 2017
